EFE / Martial Trezzini

ONU: La COVID-19 no debe ser excusa para aplastar a la disidencia

lunes, 27 de abril de 2020

Ginebra, 27 de abril de 2020.- Las medidas preventivas que están tomando los gobiernos ante la pandemia de la COVID-19 no deben ser pretexto para intentar aplastar la disidencia o reducir los espacios cívicos de opinión, expresó la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dirige Bachelet, reconoce la necesidad de tomar estas medidas preventivas para proteger la salud de la población. Sin embargo, advierte que no deben dirigirse contra la oposición, para tener control de la población o para extender el período en el poder de un líder y sus colaboradores.

La Oficina de Bachelet ha recibido denuncias que indican que la policía y otros cuerpos de seguridad se han extralimitado en el uso de la fuerza para obligar a la población a respetar el confinamiento y los toques de queda vigentes en unos 80 países.

Un manual para la emergencia

Las medida excepcionales de cualquier tipo «deben servir ni más ni menos» para frenar la pandemia, dijo una responsable de comunicación de la Oficina de la alta comisionada, Peggy Hicks, durante una rueda de prensa virtual en el que se presentó un manual para orientar a los gobiernos sobre como aplicar las medidas de emergencia respetando los derechos humanos.

Los sectores más pobres de la sociedad han resultado de manera general los más afectados por los abusos. En algunos casos se trataba de personas que salieron a la calle en un intento desesperado por obtener alimentos.

En el manual se considera inaceptable e ilícito disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque ha violado un toque de queda.

Esto ha ocurrido en varios países, llegando a extremos en Nigeria, donde 18 personas fueron asesinadas supuestamente por violar el confinamiento, en acciones perpetradas por las fuerzas del orden.

En Sudáfrica se ha reportado la detención temporal de 17.000 personas por razones similares. Entretanto, en Kenia se presentaron más de 150 quejas por abusos policiales.

Detenciones arbitrarias

La directora de Operaciones de la Oficina de Bachelet, Georgette Gagnon, mencionó que se tiene información sobre la detención de 120.000 personas por no respetar el toque de queda en Filipinas. Al principio de la crisis sanitaria, el presidente Rodrigo Duterte dijo que se dispararía contra todo aquel que violara la medida.

Desde El Salvador se han recibido también reportes de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Se reporta el arresto de personas en instalaciones abarrotadas e insalubres. En Honduras la Policía se habría excedido en la disolución de protestas en las que la gente reclamaba acceso a bienes y servicios básicos.

En términos de detenciones, Gagnon indicó que 35.000 habrían ocurrido en República Dominicana y unas 50.000 en Perú.

Los propios centros de detención o prisiones a los que los detenidos son conducidos pueden ser lugares de alto riesgo de contaminación, se ha advertido.

Cagnon comentó que la situación actual facilita la extorsión por parte de efectivos corruptos de las fuerzas policiales. Así lo indican denuncias sobre la amenaza de conducir a personas que no respetan el confinamiento a centros de cuarentena obligatoria. Esto se hace aún cuando no haya tenido ningún contacto con un caso confirmado de coronavirus.

Algunas medidas contra la COVID-19 podrían ser usadas para «amordazar» a la disidencia

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también subrayó que en algunos países las medidas y leyes contra la COVID-19 «no están bien definidas» y las sanciones por no acatarlas también pueden ser tan duras que hace pensar que pueden ser utilizadas para «amordazar» a la disidencia o a la prensa».

Por otro lado, como un llamamiento de derechos humanos relacionado con la pandemia, expertos de la ONU pidieron hoy al Gobierno de Estados Unidos que utilice «alternativas» a la detención de migrantes en espacios repletos e insalubres donde permanecen a la espera de que las autoridades decidan sobre su situación migratoria.

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