Sanciones de EE.UU. a Fincimex amenazan subsistencia de miles de cubanos
viernes, 5 de junio de 2020
La Habana, 5 de junio de 2020.- Los miles de cubanos cuyos familiares les envían remesas desde Estados Unidos podrían perder una importante fuente de ingresos si la administración Trump decide dar carácter retroactivo a las últimas sanciones impuestas a siete compañías de Cuba, ya que una de ellas es Fincimex, que recibe y canaliza en la isla los envíos de Western Union.
Sanciones a Fincimex, contraparte de Western Union en Cuba
Fincimex es una empresa que presta financieros y ha estado en el punto de mira de EE.UU. por sus relaciones con el conglomerado militar GAESA. Este miércoles era uno de los siete nuevos nombres incorporados a la «lista negra» de firmas con las que las empresas y ciudadanos estadounidenses tienen prohibición de realizar cualquier transacción.
Las compañías extranjeras que quieren operar en Cuba deben contar con una contraparte estatal y, en el caso de Western Union, ese socio es desde 2016 Fincimex, una poderosa compañía que también procesa en la isla las operaciones con tarjetas Visa y Mastercard, así como una parte de los pagos de Airbnb a sus anfitriones cubanos.
La clave del asunto está en si estas nuevas sanciones serán o no retroactivas, algo que no se sabrá hasta el próximo 12 de junio, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) publique en detalle las nuevas regulaciones.
Si la prohibición de hacer negocios con Fincimex no es retroactiva, Western Union salvará el convenio que tiene con la firma y podrá seguir operando en Cuba. De lo contrario, la multinacional de envío de remesas deberá cerrar las puertas de sus más de 150 oficinas en el país caribeño.
El caso de las sanciones a Fincimex podría tener un precedente en Sheraton
Existe un precedente de esta posibilidad: el grupo hotelero Starwood -hoy perteneciente a Marriot- pudo mantener su acuerdo de gestión de un hotel bajo la marca Sheraton en La Habana (firmado en 2016) pese a que su contraparte cubana, la corporación estatal de turismo Gaviota, también vinculada a las Fuerzas Armadas, fue incluida en la «lista negra» en 2017.
El cierre de Western Union dejaría a miles de cubanos sin forma de recibir el dinero que sus familiares les mandan desde EE.UU., porque el otro popular sistema de envío, el de las «mulas» que traen los dólares en mano, también está paralizado ahora al estar las fronteras de la isla cerradas indefinidamente por la pandemia del coronavirus.
«En medio de la disminución natural que iban a sufrir las remesas a Cuba (por la crisis sanitaria), ahora les están dando un golpe mortal», consideró en declaraciones a Efe el economista cubano Omar Everleny.
Para el experto, las sanciones de la Administración Trump resultan «absurdas», porque aunque Fincimex pertenece al conglomerado militar, «está relacionada muy directamente con el pueblo cubano» al canalizar las remesas «no solo de Western Union, sino de otros orígenes».
«En el corto plazo no hay cómo canalizarlas al país, se sigue agravando la entrada de divisas a Cuba», subrayó Everleny.
Aunque no existen datos oficiales, consultoras especializadas en Cuba y economistas sitúan las remesas como la principal fuente oficiosa de entrada de divisas al país, por delante del turismo, las exportaciones y los servicios médicos y profesionales a terceros países.
Jaque a las divisas
El turismo está paralizado desde marzo por la pandemia del coronavirus y con pocas esperanzas de recuperarse este año, la caída sostenida de las exportaciones en los últimos dos años se ha agudizado con la crisis global y en los últimos meses Cuba perdió asimismo importantes contratos de exportación de servicios médicos con Brasil, Ecuador y Bolivia.
Estados Unidos ya había apuntado a esas fuentes de divisas con andanadas previas de sanciones como la prohibición de los cruceros y de los vuelos a todos los aeropuertos cubanos excepto La Habana, y mantiene una agresiva campaña pública en contra de los servicios médicos cubanos al considerarlos una forma de «trabajo forzado».
Con ese panorama, cortar de raíz el flujo de remesas a la isla supondría un tiro de gracia a la economía cubana, ya inmersa en su peor crisis en dos décadas por la deteriorada situación de su principal aliada, Venezuela, el embargo estadounidense vigente desde hace seis décadas y la tardanza de las esperadas reformas de su ineficiente economía centralizada.
Ante esta situación, hace unos meses el Gobierno cubano decidió abrir tiendas en «moneda libremente convertible». Así puede vender electrodomésticos y piezas de vehículos y recaudar los dólares que los cubanos gastaban en el exterior. También permitió recientemente que los no residentes en el país abrieran cuentas en divisas.
El grupo de análisis The Havana Consulting, con base en EE.UU., cifró en 6.600 millones de dólares las remesas que recibió Cuba en efectivo en 2018. Estos envíos alcanzaron un monto promedio mensual de 180 a 220 dólares. Esa mensualidad, que vista desde fuera no parece elevada, permite de hecho vivir a miles de familias. Un salario promedio en el sector estatal no llega a los 45 dólares.
Ancianos y cuentapropistas
Otro perfil numeroso de los receptores de remesas es el de los ancianos con hijos o nietos en el extranjero. Las pensiones de jubilación apenas rozan los 15 dólares en la isla. Por lo tanto, esa ayuda extra puede marcar la diferencia entre poder alimentarse o pasar hambre.
Los negocios privados, que ya sufren por las consecuencias de la pandemia, se verán asimismo afectados. Las inyecciones de remesas suponen también una vía «alegal» de inversión en ese sector.
Entre ellos figuran los miles de cubanos que gracias al efímero «deshielo» pudieron ofrecer desde 2015 sus alojamientos en la plataforma Airbnb. Una de las vías por las que recibían los pagos de la plataforma estadounidense era a través de Fincimex.
Las sanciones anunciadas el miércoles a Fincimex y otras seis empresas no son las primeras que tienen a las remesas a Cuba en el punto de mira.
En febrero pasado, Western Union dejó de ofrecer la opción de enviar dinero a la isla desde terceros países. La razón esgrimida fueron las dificultades para realizar este tipo de operaciones debido al endurecimiento del embargo.
Cinco meses antes, la OFAC había prohibido las transacciones «de giro en U» (U-Turn, en inglés). Se impidió a instituciones bancarias bajo jurisdicción estadounidense procesar ciertas transferencias de fondos a Cuba aunque estas se originen y terminen fuera de EE.UU.
También decretó ilegales las remesas a familiares cercanos de funcionarios cubanos en la lista negra. Igualmente con los miembros del Partido Comunista de Cuba, y limitó las remesas a 1.000 dólares por persona y trimestre.
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